La lucha contra la exclusión social y la pobreza figura entre las prioridades de la Unión Europea. En la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, y en la Estrategia Europea de Empleo, los diferentes estados miembros de la UE han asumido esta lucha contra la exclusión social como una de sus prioridades, y reconocen la integración en el mercado de trabajo como una de las principales estrategias para luchar contra la exclusión social.
Sin embargo, la experiencia de los diferentes países ha demostrado que las personas más excluidas del mercado laboral necesitan de unas estrategias hacia el empleo más individualizadas que las dirigidas al conjunto de la población.
En la mayoría de los casos, las dificultades de estas personas no están únicamente en el acceso al mercado de trabajo: una vez obtenido un empleo siguen siendo vulnerables ya que, muchas veces, no cuentan con un entorno que las apoye. Por este motivo ha de existir una estrecha relación entre los Planes de Inclusión Social y las Políticas Activas de Empleo que cada estado desarrolla en función de su propia realidad socioeconómica: las políticas de empleo, los servicios sociales, los sistemas de protección social deben mantener una estrecha interrelación.
En el estado español, esta es una tarea que implica activamente al conjunto de la administración: central, autonómica y local. Cada una de ellas en su nivel y ámbito de competencia están encargadas de impulsar y desarrollar medidas y actuaciones para luchar activamente contra la exclusión social y promover la inclusión activa de las personas más alejadas del mercado laboral.